Santiago, 14 de Marzo de 2008
Señora.
Michelle Bachelet J.
Presidenta de la República
Gobierno de Chile
Presente.-
Hoy 14 de Marzo, en el marco del Día Mundial de Acción Contra las Represas, quienes suscribimos esta carta, en representación de las numerosas personas y ecosistemas afectados por grandes represas en Chile y el mundo, y como opositores a este tipo de proyectos destructivos, manifestamos lo siguiente a su Gobierno.
Las grandes represas han producido daños e impactos irreversibles en todo el mundo. Entre ellos destaca el desplazamiento forzado de los habitantes de los territorios inundados por las represas hidroeléctricas, u ocupados por obras anexas, con el consiguiente abandono de viviendas, pérdida de fuentes de empleo tradicionales, de tierras fértiles y bosques, así como de importantes elementos de su vida cultural y espiritual. Es un hecho comprobado, y profusamente documentado, que las grandes represas han provocado la fragmentación, e incluso la desintegración social y cultural de comunidades directamente afectadas, además de su empobrecimiento económico y medio ambiental, como consecuencia de la ruptura de las redes socioculturales y de la pérdida de su patrimonio, tanto inmaterial como material. Es importante hacer notar que los, así llamados, ‘impactos indirectos’, de la construcción de mega centrales hidroeléctricas, de las obras anexas y líneas de transmisión asociadas, pueden afectar en forma grave a miles de personas más, que suelen no ser tomadas en cuenta en los estudios, por ser, errónea y arbitrariamente, consideradas como fuera del área de influencia de éstos proyectos.
De hecho, procesos poco democráticos y poco transparentes para la toma de decisiones en torno a estos mega emprendimientos, impulsados por grandes empresas con un poder de influencia desmedido en los ámbitos de la política, la academia, los medios de comunicación, las Cortes de Justicia, y otros pueden sentar precedentes negativos, y afectar la convivencia y gobernabilidad de toda una nación. La orientación del desarrollo energético en un país como Chile, excepcionalmente rico en fuentes renovables de energía, depende netamente de decisiones políticas. Las opciones son muchas. La implementación de un mega-proyecto como Hidroaysén, por ejemplo, tendría dramáticas consecuencias negativas para el mercado energético, agudizaría el monopolio en el sector, y bloquearía la diversificación de actores y de fuentes que el país necesita. Por lo tanto, se puede decir con toda propiedad que el área de influencia de tales mega-proyectos es todo el país, y que todos los chilenos del presente y futuro son afectados directos por ellos.
Respecto del impacto ecológico de las grandes represas, en todo el mundo también se ha constatado que el mayor impacto negativo, masivo e irreversible, se produce durante la fase de construcción. Tanto éste, como los innumerables impactos ecológicos graves posteriores de estas obras, son directamente proporcionales a la escala del emprendimiento, y se extienden y acumulan en el espacio y en el tiempo.
Brevemente: las hidroeléctricas de represa provocan la pérdida de biodiversidad ecosistémica, de biodiversidad acuática, de pesquerías, y de los servicios ambientales de ecosistemas ribereños, humedales, estuarios y bordes costeros, degradando su productividad; la alteración de la calidad de las aguas (temperatura, oxígeno, contaminación) y la desregulación irreversible de los flujos estacionales de los ríos; la pérdida de biodiversidad terrestre, de bosques y otros hábitats naturales; de especies de flora y fauna; la obstrucción de corredores ecológicos; la degradación general de las cuencas por inundación, por modificaciones del clima y de los patrones de los vientos. Las grandes represas pueden inducir sismos, y constituirse en un riesgo en relación a los fenómenos sísmicos y volcánicos en las regiones donde están emplazadas.
Finalmente, el costo del abandono y desmantelamiento de mega represas hidroeléctricas, así como la restauración de las cuencas, no es considerado en las ecuaciones costo/beneficio ni por el sector privado ni el público. Tampoco es abordado en los Estudios de Impacto Ambiental. Una mega represa abandonada, al fin de su vida útil, se transforma en un grave mega-pasivo ambiental para las localidades y regiones donde se emplazan, algo que comienza ahora a visualizarse en el mundo, dado que recién algunas de estas ‘modernas’ mega-obras están llegando a su fase terminal, y se constata que nadie sabe como lidiar con ello.
Definitivamente, dados estos antecedentes y dado el contexto ambiental planetario, las mega-centrales hidroeléctricas de embalse no pueden seguir siendo consideradas fuentes renovables de energía.
Es importante señalar que la experiencia internacional ha demostrado que respecto de la construcción de grandes represas hidroeléctricas hay una enorme brecha entre los beneficios económicos, sociales y ambientales prometidos por las empresas proponentes, y la realidad que experimentan los afectados. La historia verifica que en ningún lugar del mundo las centrales hidroeléctricas de embalse han contribuido a la creación de empleos permanentes, e incluso, que en muchos casos ni siquiera han producido la energía ofrecida. La generación hidroeléctrica es altamente aleatoria e insegura, lo que constituye otra grave debilidad de estos proyectos, algo que es corroborado hoy en nuestra realidad nacional, pues tradicionalmente, con las fluctuaciones de los ciclos hidrológicos, las centrales hidroeléctricas suelen funcionar a una capacidad muy inferior a la potencial.
Nos parece preocupante que se ha instalado como una constante a nivel global el que las comunidades afectadas por las grandes represas sean excluidas de los procesos de toma de decisiones, mientras su destino es decidido por tecnócratas, autoridades políticas, y grandes grupos económicos que no velan por los intereses y necesidades de las poblaciones locales ni de la ciudadanía en general. Es más, se constata un patrón de falta de preocupación por el patrimonio de las naciones en torno a la autorización de estos mega-emprendimientos, dado que en muchos casos éstos son subsidiados a costa de bienes nacionales de uso público y destruyen valor-país en beneficio de utilidades privadas.
Estamos convencidos que es posible y necesario terminar con la era de represas destructivas, para comenzar a cubrir las necesidades energéticas por medio de fuentes de generación seguras, sustentables y rentables para las naciones como un todo, tal como lo están haciendo muchos países. Es esencial propiciar un plan de manejo de las cuencas hidrográficas --cada vez más degradadas a nivel mundial a pesar de ser las fuentes del agua dulce—que garantice su uso equitativo y sostenible. El agua debe estar al servicio del bien común, priorizando a quienes habitan el territorio donde ésta existe, y disponible para favorecer el desarrollo sustentable a nivel regional y local.
Tenemos la convicción de que una democracia genuina es aquella en que las decisiones políticas se toman de manera transparente, considerando la opinión ciudadana, favoreciendo la descentralización de la toma de decisiones y apoyando el empoderamiento de las comunidades locales respecto al cuidado de sus recursos y patrimonio. El todo sustentado en una mirada estratégica de largo plazo, en un “proyecto país”, que ponga muy alto la protección y conservación de nuestros recursos naturales y de la naturaleza en general, exclusivo origen y fuente de elementos tan vitales como el aire, el agua, los alimentos y la calidad de vida.
Por medio de esta carta quisiéramos destacar la urgencia de reformar la política energética nacional de modo que ésta asegure la diversidad de la matriz, apoyada en un programa de eficiencia y ahorro energético como pilar de la gestión publica. Es esencial introducir un real incentivo a proyectos de energías renovables y limpias, no solamente a través de una estructura financiera y de acceso a las redes eléctricas que incentiven la inversión privada, sino también a través del desarrollo de estudios técnicos que nos permitan conocer a cabalidad el potencial del uso eficiente de la energía y de las diferentes fuentes de generación renovables, para así orientar en forma firme y proactiva las inversiones privadas. Es urgente instalar los instrumentos que permitan equilibrar la relación entre el beneficio público y el privado en el sector.
Señora Presidenta, es absolutamente necesario que usted cumpla su palabra dada ante la nación el 21 de mayo del 2006, respecto que "Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente. Tampoco evaluaremos proyectos aislados, sino que incorporaremos el manejo integrado de cuencas, como eje de nuestra nueva política" .
Finalmente solicitamos que Ud. exija una postura de imparcialidad de parte de los funcionarios de gobierno respecto de proyectos que aún no han sido evaluados, ya que los ciudadanos consideramos que los apoyos y señales políticas, dados por Secretarios de Estado y otros funcionarios públicos, a proyectos que ni siquiera han sido evaluados, son hechos graves, antidemocráticos, inaceptables, y generan la percepción ciudadana de un gobierno co-optado desde adentro por las grandes empresas. En este contexto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya por diseño politizado en el mal sentido de la palabra, da aún menos garantías de ecuanimidad y objetividad a la ciudadanía. En la misma línea, consideramos urgente reformar el SEIA de manera que los plazos de evaluación de los proyectos se ajusten a su envergadura. También es crucial hacer obligatorio un estudio de alternativas a proyectos propuestos, para que la autoridad y la ciudadanía dispongan de toda la información necesaria para aprobar o rechazarlos, y así poder optar por la mejor opción en términos ambientales, ciudadanos y de país.
Las personas y organizaciones que suscriben, esperamos que estas decisiones políticas fundamentales se tomen a la brevedad,
Señora.
Michelle Bachelet J.
Presidenta de la República
Gobierno de Chile
Presente.-
Hoy 14 de Marzo, en el marco del Día Mundial de Acción Contra las Represas, quienes suscribimos esta carta, en representación de las numerosas personas y ecosistemas afectados por grandes represas en Chile y el mundo, y como opositores a este tipo de proyectos destructivos, manifestamos lo siguiente a su Gobierno.
Las grandes represas han producido daños e impactos irreversibles en todo el mundo. Entre ellos destaca el desplazamiento forzado de los habitantes de los territorios inundados por las represas hidroeléctricas, u ocupados por obras anexas, con el consiguiente abandono de viviendas, pérdida de fuentes de empleo tradicionales, de tierras fértiles y bosques, así como de importantes elementos de su vida cultural y espiritual. Es un hecho comprobado, y profusamente documentado, que las grandes represas han provocado la fragmentación, e incluso la desintegración social y cultural de comunidades directamente afectadas, además de su empobrecimiento económico y medio ambiental, como consecuencia de la ruptura de las redes socioculturales y de la pérdida de su patrimonio, tanto inmaterial como material. Es importante hacer notar que los, así llamados, ‘impactos indirectos’, de la construcción de mega centrales hidroeléctricas, de las obras anexas y líneas de transmisión asociadas, pueden afectar en forma grave a miles de personas más, que suelen no ser tomadas en cuenta en los estudios, por ser, errónea y arbitrariamente, consideradas como fuera del área de influencia de éstos proyectos.
De hecho, procesos poco democráticos y poco transparentes para la toma de decisiones en torno a estos mega emprendimientos, impulsados por grandes empresas con un poder de influencia desmedido en los ámbitos de la política, la academia, los medios de comunicación, las Cortes de Justicia, y otros pueden sentar precedentes negativos, y afectar la convivencia y gobernabilidad de toda una nación. La orientación del desarrollo energético en un país como Chile, excepcionalmente rico en fuentes renovables de energía, depende netamente de decisiones políticas. Las opciones son muchas. La implementación de un mega-proyecto como Hidroaysén, por ejemplo, tendría dramáticas consecuencias negativas para el mercado energético, agudizaría el monopolio en el sector, y bloquearía la diversificación de actores y de fuentes que el país necesita. Por lo tanto, se puede decir con toda propiedad que el área de influencia de tales mega-proyectos es todo el país, y que todos los chilenos del presente y futuro son afectados directos por ellos.
Respecto del impacto ecológico de las grandes represas, en todo el mundo también se ha constatado que el mayor impacto negativo, masivo e irreversible, se produce durante la fase de construcción. Tanto éste, como los innumerables impactos ecológicos graves posteriores de estas obras, son directamente proporcionales a la escala del emprendimiento, y se extienden y acumulan en el espacio y en el tiempo.
Brevemente: las hidroeléctricas de represa provocan la pérdida de biodiversidad ecosistémica, de biodiversidad acuática, de pesquerías, y de los servicios ambientales de ecosistemas ribereños, humedales, estuarios y bordes costeros, degradando su productividad; la alteración de la calidad de las aguas (temperatura, oxígeno, contaminación) y la desregulación irreversible de los flujos estacionales de los ríos; la pérdida de biodiversidad terrestre, de bosques y otros hábitats naturales; de especies de flora y fauna; la obstrucción de corredores ecológicos; la degradación general de las cuencas por inundación, por modificaciones del clima y de los patrones de los vientos. Las grandes represas pueden inducir sismos, y constituirse en un riesgo en relación a los fenómenos sísmicos y volcánicos en las regiones donde están emplazadas.
Finalmente, el costo del abandono y desmantelamiento de mega represas hidroeléctricas, así como la restauración de las cuencas, no es considerado en las ecuaciones costo/beneficio ni por el sector privado ni el público. Tampoco es abordado en los Estudios de Impacto Ambiental. Una mega represa abandonada, al fin de su vida útil, se transforma en un grave mega-pasivo ambiental para las localidades y regiones donde se emplazan, algo que comienza ahora a visualizarse en el mundo, dado que recién algunas de estas ‘modernas’ mega-obras están llegando a su fase terminal, y se constata que nadie sabe como lidiar con ello.
Definitivamente, dados estos antecedentes y dado el contexto ambiental planetario, las mega-centrales hidroeléctricas de embalse no pueden seguir siendo consideradas fuentes renovables de energía.
Es importante señalar que la experiencia internacional ha demostrado que respecto de la construcción de grandes represas hidroeléctricas hay una enorme brecha entre los beneficios económicos, sociales y ambientales prometidos por las empresas proponentes, y la realidad que experimentan los afectados. La historia verifica que en ningún lugar del mundo las centrales hidroeléctricas de embalse han contribuido a la creación de empleos permanentes, e incluso, que en muchos casos ni siquiera han producido la energía ofrecida. La generación hidroeléctrica es altamente aleatoria e insegura, lo que constituye otra grave debilidad de estos proyectos, algo que es corroborado hoy en nuestra realidad nacional, pues tradicionalmente, con las fluctuaciones de los ciclos hidrológicos, las centrales hidroeléctricas suelen funcionar a una capacidad muy inferior a la potencial.
Nos parece preocupante que se ha instalado como una constante a nivel global el que las comunidades afectadas por las grandes represas sean excluidas de los procesos de toma de decisiones, mientras su destino es decidido por tecnócratas, autoridades políticas, y grandes grupos económicos que no velan por los intereses y necesidades de las poblaciones locales ni de la ciudadanía en general. Es más, se constata un patrón de falta de preocupación por el patrimonio de las naciones en torno a la autorización de estos mega-emprendimientos, dado que en muchos casos éstos son subsidiados a costa de bienes nacionales de uso público y destruyen valor-país en beneficio de utilidades privadas.
Estamos convencidos que es posible y necesario terminar con la era de represas destructivas, para comenzar a cubrir las necesidades energéticas por medio de fuentes de generación seguras, sustentables y rentables para las naciones como un todo, tal como lo están haciendo muchos países. Es esencial propiciar un plan de manejo de las cuencas hidrográficas --cada vez más degradadas a nivel mundial a pesar de ser las fuentes del agua dulce—que garantice su uso equitativo y sostenible. El agua debe estar al servicio del bien común, priorizando a quienes habitan el territorio donde ésta existe, y disponible para favorecer el desarrollo sustentable a nivel regional y local.
Tenemos la convicción de que una democracia genuina es aquella en que las decisiones políticas se toman de manera transparente, considerando la opinión ciudadana, favoreciendo la descentralización de la toma de decisiones y apoyando el empoderamiento de las comunidades locales respecto al cuidado de sus recursos y patrimonio. El todo sustentado en una mirada estratégica de largo plazo, en un “proyecto país”, que ponga muy alto la protección y conservación de nuestros recursos naturales y de la naturaleza en general, exclusivo origen y fuente de elementos tan vitales como el aire, el agua, los alimentos y la calidad de vida.
Por medio de esta carta quisiéramos destacar la urgencia de reformar la política energética nacional de modo que ésta asegure la diversidad de la matriz, apoyada en un programa de eficiencia y ahorro energético como pilar de la gestión publica. Es esencial introducir un real incentivo a proyectos de energías renovables y limpias, no solamente a través de una estructura financiera y de acceso a las redes eléctricas que incentiven la inversión privada, sino también a través del desarrollo de estudios técnicos que nos permitan conocer a cabalidad el potencial del uso eficiente de la energía y de las diferentes fuentes de generación renovables, para así orientar en forma firme y proactiva las inversiones privadas. Es urgente instalar los instrumentos que permitan equilibrar la relación entre el beneficio público y el privado en el sector.
Señora Presidenta, es absolutamente necesario que usted cumpla su palabra dada ante la nación el 21 de mayo del 2006, respecto que "Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente. Tampoco evaluaremos proyectos aislados, sino que incorporaremos el manejo integrado de cuencas, como eje de nuestra nueva política" .
Finalmente solicitamos que Ud. exija una postura de imparcialidad de parte de los funcionarios de gobierno respecto de proyectos que aún no han sido evaluados, ya que los ciudadanos consideramos que los apoyos y señales políticas, dados por Secretarios de Estado y otros funcionarios públicos, a proyectos que ni siquiera han sido evaluados, son hechos graves, antidemocráticos, inaceptables, y generan la percepción ciudadana de un gobierno co-optado desde adentro por las grandes empresas. En este contexto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya por diseño politizado en el mal sentido de la palabra, da aún menos garantías de ecuanimidad y objetividad a la ciudadanía. En la misma línea, consideramos urgente reformar el SEIA de manera que los plazos de evaluación de los proyectos se ajusten a su envergadura. También es crucial hacer obligatorio un estudio de alternativas a proyectos propuestos, para que la autoridad y la ciudadanía dispongan de toda la información necesaria para aprobar o rechazarlos, y así poder optar por la mejor opción en términos ambientales, ciudadanos y de país.
Las personas y organizaciones que suscriben, esperamos que estas decisiones políticas fundamentales se tomen a la brevedad,
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