La parcialidad de los Gobiernos de la Concertación en favor de ENDESA

La Parcialidad de los Gobiernos de la Concertación en favor de ENDESA: Los Gobiernos de la Concertación han desarrollado una relación de subordinación con el sector privado, particularmente con las grandes empresas y grupos económicos más poderosos. La relación con ENDESA es un buen ejemplo de ello. Desde que se tuvieron las primeras noticias sobre las intenciones de ENDESA, el Gobierno, a través del ministro de Economía, Jorgue Rodríguez Grossi, inició una férrea defensa del Proyecto de ENDESA, llegando a llamarla “proyecto país”. Entre sus muchas declaraciones ha dicho que este es un “proyecto esencial para solventar el futuro crecimiento económico”, agregando más recientemente que “…Aysén será la última pelea que doy como ministro...”.

La parcialidad de los gobierno de la Concertación frente a ENDESA no es nueva y quedó ampliamente demostrada en el caso Ralco, donde el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, simplemente despidió a los funcionarios que mostraron sus reparos. Algunos de estos fueron: Vivian Blanlot; Mauricio Huenchulaf (despedido director de Conadi, luego de declarar que Ralco era ilegal). Más tarde, su reemplazante Domingo Namuncura, luego de una evaluación de dos años con todo un equipo técnico, abogados y consultores externos, llegó a la conclusión de que el proyecto era inviable y que las permutas de tierras a los indígenas afectados, por motivos legales, no podían ser aprobadas. Sin embargo, lo despiden a él y a dos consejeros no indígenas de confianza del Presidente. Roberto Pizarro, (ex) Ministro de Planificación, también salió del ministerio por el problema de Ralco.

Pensamos que la autoridad debería ser neutral respecto a las iniciativas económicas y empresariales, sobre todo cuando éstas -como en este caso- producen impactos irreversibles en el medio ambiente y afectan a otras actividades económicas igualmente legales (turismo, ganadería, etc). Más aún, la autoridad debería ser garante de los derechos de todos los afectados, escuchando con especial atención a las personas de menores recursos, que no tienen acceso a la información, ni los medios para oponerse a un proyecto que los perjudica. Este es un aspecto especialmente sensible porque es la misma autoridad la que forma parte de los organismos que en forma imparcial debieran emitir juicios objetivos respecto de la viabilidad social y ambiental de los proyectos.

(Fuente: Razones políticas, sociales, ecológicas y económicas de un rechazo Documento elaborado por Juan Pablo Orrego y Rafael Valenzuela)