La gestión del Estado chileno frente a la problemática del uso del agua y a los conflictos de intereses que ello provoca entre varios sectores, tampoco es muy ejemplar. Prueba de ello es la vergonzosa decisión del Gobierno en la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, donde violó la Ley Ambiental Nº 19.300, violó la Ley Indígena Nº 18.000 y no hizo caso de disposiciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos (los mapuches fueron violentados en su cultura, en sus relaciones, en su historia y en su fe), priorizando la Ley Eléctrica Nacional y favoreciendo los intereses de la empresa involucrada (Endesa España). El Obispo Monseñor Miguel Caviedes y la Iglesia de Los Ángeles hicieron presente la voz de la Iglesia en esa oportunidad, pero no fueron escuchados. En definitiva, la gestión del agua en Chile está en manos privadas, con pleno apoyo del Estado, y con escasísima participación de la población en las decisiones. Son las incrustaciones dictatoriales de una inmadura democracia.
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