Parque Nacional Laguna San Rafael Sería Intervenido por Hidroaysén.
Según EIA presentado por el holding Endesa-Colbún. La ofensiva de parlamentarios y ecologistas para transparentar la postura gubernamental en torno a la aprobación de proyectos energéticos en áreas protegidas a raíz de la aprobación de mini centrales de pasada en el Parque Puyehue, parece verse justificada bajo este escenario. Porque si bien son sólo 48,1 las posibles hectáreas afectadas, se prevé que la iniciativa también incluirá al menos otros tres parques nacionales.
Un nuevo gol a los parques nacionales podría materializarse si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidroaysén es aprobado. Esta vez, podría verse afectado ni más ni menos que el emblemático Parque Nacional Laguna San Rafael, famoso mundialmente por el imponente ventisquero que lleva su nombre.
Y aunque este es su mayor atractivo, el lugar también alberga una gran biodiversidad marina y terrestre.
Según el EIA presentado en Agosto ante la Corema de Aisén, serían 48,1 hectáreas las intervenidas por la sociedad Endesa-Colbún. Y el responsable sería el llenado del embalse de la central Baker 2, una de las cinco megacentrales que pretenden ser instaladas por el holding eléctrico.
La jugada no es inviable, ya que a pesar de que los parques nacionales se encuentran protegidos legalmente, existen precedentes que juegan en contra, como la reciente y polémica aprobación las mini centrales hidroeléctricas de pasada Palmar–Correntoso en el Parque Nacional Puyehue, Esta, según parlamentarios y ambientalistas, abrió la puerta precisamente para que el negocio del Grupo Matte tuviera el camino "listo" para poder intervenir áreas protegidas.
No hay que olvidar que el proyecto en su conjunto incluye la construcción de una línea de transmisión de 2.300 kilómetros que atravesaría nueve regiones y que es impulsada por Transelec. Aunque aún no se conoce el trazado oficial ni ha presentado el EIA, es posible augurar este escenario en otros tres parques nacionales, ya que dadas las características geográficas de la zona, es prácticamente imposible que no sean intervenidos.
Según la ingeniera forestal Daniela Castro, encargada del departamento técnico regional del Consejo de la Patagonia, estos lugares se encuentran en la Región de Los Lagos, y son el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el Corcovado y el Hornopirén, además del Parque privado Pumalín, perteneciente al ecologista Douglas Tompkins.
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Claro como el agua
Pero el flanco defensivo de los parques nacionales no está desprevenido. De hecho, durante las últimas semanas se ha levantado una gran polémica en torno a la aprobación de proyectos energéticos en estos espacios por parte de la institucionalidad ambiental.
Y tal como lo ha publicado El Mostrador.cl la mecha que prendió la llama fue el proyecto energético de Hidroaustral en el Parque Nacional Puyehue.
En este escenario, para el diputado Patricio Vallespín (DC) la aprobación de las mini centrales de 13 MW, "son como la punta de la lanza para iniciar el proceso de intervención en terrenos en conservación para fines comerciales". Y calza como anillo al dedo en el caso de Hidroaysén.
Por ello, asegura que la decisión que emita la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que dio la orden de no innovar mientras recopilaba los antecedentes del caso, es fundamental, ya que marcará un precedente. Sobre todo porque, según la Convención de Washington, que Chile ratificó en 1967, para poder desafectar un área de un parque nacional es necesario hacerlo a través de una ley que lo autorice.
Y comenta que el día martes, luego de la sesión especial en la Cámara Baja donde justamente se discutió sobre este tema, el ministro de energía, Marcelo Tokman, se acercó a preguntarle "de dónde tenía antecedente tan categóricos de que sólo mediante ley es posible desafectar un parque, porque él tenía un estudio en derecho que indicaba que no era tan así. Yo desconozco ese estudio", explica el falangista.
Según Hernán Sandoval, presidente de la Corporación Chile Ambiente, el asunto es claro como el agua: la eventual intervención en áreas protegidas, como el caso del Parque Laguna San Rafael, no puede ser autorizada entre cuatro paredes, sino a través del Parlamento, ya que considera que debe producirse el debate para que el país conozca que se están interviniendo estas zonas protegidas.
"Seguiremos insistiendo en que se está incumpliendo la Convención de Washington. No podemos aceptar la utilización de subterfugios legales", explica el padre del Plan Auge.
Y como ejemplo explica que en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle se quiso construir la cárcel para militares procesados por Derechos Humanos y "se intentó utilizar un artificio administrativo, pero el ministro de Obras Públicas -Ricardo Lagos- se opuso, y exigió que se aprobase una ley para edificarla. Esto es lo mismo".
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