Artículo:
Por qué pagaron los Luksic
Jean Paul Luksic, presidente de Antofagasta Minerals y Fernando Dougnac, abogado ambientalista.
El grupo Luksic desembolsará US$ 23 millones para echar a andar por fin el tranque de relaves de la mina Los Pelambres, paralizado desde el 2006 por una acción judicial. Arguyendo perjuicios ambientales y liderado por el abogado Fernando Dougnac, un grupo de agricultores de la zona logró algo que, hace poco más de un año, parecía imposible. ¿Por qué el grupo más poderoso del país decidió pagar tamaña suma? Esta es la trastienda de una larga batalla judicial que para unos es un triunfo del ecologismo y para otros simple oportunismo económico y un pésimo precedente.
Por Paula Comandari
Lo dijo clara y rotundamente en diciembre de 2006. El presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic, no estaba dispuesto a indemnizar a un grupo de agricultores de la IV Región, que reclamaban que el tranque de relaves El Mauro -de Minera Los Pelambres, el cuarto yacimiento de cobre más grande de Chile- contaminaba y afectaba sus derechos de agua. Justo un año y medio después, Luksic tuvo que desdecirse: desembolsará US$ 23 millones para que los demandantes -liderados por el abogado ambientalista Fernando Dougnac- se desistan de la reclamación que interpusieron el 2005 ante la Corte de Apelaciones, la que logró anular el permiso otorgado por la Dirección General de Aguas (DGA) para la construcción del tranque.
Lograr luz verde para concretar el levantamiento de esa planta de depósitos era para los Luskic de vida o muerte. El actual tranque tiene vida útil hasta comienzos de 2009. Sin El Mauro se corría el riesgo de cerrar o paralizar temporalmente Los Pelambres, donde el grupo ha invertido más de US$ 3.000 millones y en donde trabajan cerca de 3.000 personas.
Ello explica por qué decidieron llegar a acuerdo la semana pasada y no seguir "reclamando" ante la Corte Suprema para revertir la sentencia. "Aunque consideramos que éste fue un juicio por razones económicas y no ambientales, decidimos pagar porque corríamos el riesgo de no alcanzar los plazos para concluir El Mauro a tiempo", explica Francisco Veloso, vicepresidente Legal y de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals.
Desde el otro bando, Fernando Dougnac argumenta justamente lo contrario. Dice que nunca fue su intención entablar un juicio por indemnización de perjuicios. "Si hubiera sido así, habríamos demandado directamente a los Luksic. No queríamos que se concretara el proyecto porque la ubicación perjudica directamente los derechos de propiedad de las personas, al dañar las vertientes en forma irreversible", acota Dougnac.
En la DGA -dependiente del Ministerio de Obras Públicas- refutan a Dougnac. Su director, Rodrigo Weisner, recalca que el informe de más de 600 páginas que realizó el organismo arrojó que "el tranque no sólo no daña las vertientes, sino que mejora la disponibilidad de aguas de los regantes". Por eso, dicha repartición estatal lo aprobó el 2005.
La batalla comienza
La historia comenzó el año 2000. Los Luksic se dedicaron a rastrear todos los rincones de la IV Región. La idea era encontrar un predio adecuado para levantar su tranque de relaves, esencial para la producción minera, pues allí se recolectan los depósitos de la actividad.
Ya tenían autorización para concretar dos en la alta cordillera, pero era en una zona agrícola y decidieron instalarse en una de secano. "Donde habitan menos de dos mil personas y no hay más de 100 hectáreas bajo riesgo", dice Veloso.
Aunque la construcción de ese tranque les demandaba una inversión de US$ 580 millones -más de tres veces lo que les costaba en sus antiguos terrenos-, decidieron el 2001 comprar el predio El Mauro. Allí, el tranque tendría mayor capacidad, por lo que económicamente era también una inversión a largo plazo: extendía la vida de la compañía de 30 a 50 años.
Desde 2001 al 2003 estuvieron en lo que Los Pelambres llama "participación temprana": 10 mil personas visitaron la mina y conversaron con 40 comunidades de la zona para explicarles la iniciativa.
Precisamente porque reconocen que el proyecto genera un impacto ambiental, se propusieron estudiar detalladamente todas las medidas de mitigación posibles: dicen que compraron 20 mil hectáreas para declararlas Santuario de la Naturaleza, pese a que el tranque sólo intervenía 1.700. Sólo uno de los predios -Monte Aranda, de mil hectáreas- les costó $1.700 millones. Además desembolsaron US$ 5 millones para levantar un embalse de 600 mil metros cúbicos con el fin de compensar a las comunidades.
Dougnac sostiene que dichas medidas eran mínimas. "El embalse no servía para nada", dice. En la DGA explican que "El Mauro afecta en un 5% la cantidad de agua que llega al río y que abastece el estero Pupío. Eso se mitiga con el embalse. Lo que aquí hubo es una discusión de compensación económica y no una infracción de las normas legales como suponen los demandantes".
En mayo de 2003 Pelambres ingresó el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ocho meses después, la Corema de la IV Región les dio el visto bueno. Dougnac, en paralelo, se dedicó a organizar al grupo que se mostraba reacio al tranque. La batalla se veía venir.
El lobby de ambos bandos
Los adversarios de El Mauro se acercaron a varios organismos técnicos, como el Consejo Consultivo y el Consejo de Ministros de la Conama para formular sus descargos y recalcar que la construcción del tranque contaminaba las aguas y afectaba los derechos de aprovechamiento de los regantes.
"Nadie nos escuchó", dice Dougnac. Él estaba decidido a revertir el caso y dejar en nada los 300 permisos que la firma había conseguido para remover sitios arqueológicos, cortar árboles y trasladar insectos, entre otros.
Bastaba sólo la autorización de la DGA para tener finalmente el proyecto aprobado. Mientras tanto, cada bando se movía por separado: los ejecutivos de los Luksic concertaron varias reuniones con políticos de la zona, como Evelyn Matthei y Jorge Pizarro, para explicarles la magnitud del problema. Dougnac, por su parte, tomó contacto con el diputado Renán Fuentealba.Hasta que la DGA dio su veredicto: el 30 de noviembre de 2005 autorizó el proyecto, el cual comenzó sus obras en 2006.Luego de dicha decisión, exactamente un mes, estuvo Fernando Dougnac preparando su arremetida. El 30 de diciembre de 2005 presentó una reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar el permiso entregado por la DGA, a la que acusó de actuar en contra de las normas.
El tribunal le dio la razón un año después.
En el intertanto, la construcción del tranque no se paralizó. Pese a los recursos presentados en cuatro ocasiones por Dougnac, la justicia no detuvo las obras.
Frente a este nuevo escenario judicial, los Luksic no estaban dispuestos a dar por perdida la batalla. El director de la compañía, Ramón Jara -mano derecha de Jean Paul-, quien hasta entonces había trabajado junto a los abogados Alejandro Vergara -experto en aguas- y Gabriel del Fávero, decidió contratar los servicios de José María Eyzaguirre y Juan Carlos Dorr. Específicamente porque habían acordado acudir a la Corte Suprema y ellos eran expertos en alegatos. "Revisamos más de 760 fallos de la misma Tercera Sala de la Corte Suprema que siempre les reconoció la competencia a los organismos técnicos y nos dimos cuenta que teníamos que llegar hasta el final", afirma Veloso.
Después de que la DGA y Pelambres interpusieron un recurso de casación en la Corte Suprema, los ejecutivos siguieron moviéndose. Se acercaron al CEP para plantearles el conflicto y llegaron hasta el Instituto Libertad. Ahí se enfrascaron en una fuerte discusión con Roberto Ossandón, presidente del think tank, quien críticó duramente al grupo empresarial. Tanto que los ejecutivos de Luksic ni siquiera alcanzaron a iniciar su exposición: se fueron raudos y molestos.
Simultáneamente, Dougnac movía sus hilos: le propuso a Víctor Ugarte -la cara visible de las comunidades afectadas y uno de los mayores dueños de tierras de la zona- que contratara los servicios del abogado Gustavo Manríquez, uno de los autores del Código de Aguas y director de la DGA durante el gobierno de Patricio Aylwin. "Era el mejor contrincante para alegar en la Corte contra el actual director de Aguas", dicen fuentes del proceso.
Napoléon y los Luksic
Antes de comenzar los alegatos en la Corte Suprema, hubo intentos de acercamiento entre las partes. El ex senador Ignacio Pérez Walker se transformó en un puente entre ambos bandos. En la primera reunión que sostuvieron en el hotel Park Plaza de Providencia se sentaron junto a él, Ramón Jara y Fernando Dougnac. Pero no sacaron nada en limpio.
Luego los volvió a convocar y se puso sobre la mesa la idea de un arbitraje. Sin embargo, Víctor Ugarte no aceptó la mediación.
Durante el verano hubo nuevos intentos de negociación. Jaime Ugarte, primo de Víctor y ex fiscal de Disputada Las Condes, tomó contacto con los Luksic. Tras arduas negociaciones logró que la firma entregara como indemnización US$ 15 millones. Pero su primo y Dougnac no aceptaron el monto.
Tras los alegatos en la Corte Suprema -en abril pasado-, José María Eyzaguirre y Fernando Dougnac decidieron reunirse y ver las posibilidades de llegar a acuerdo. Ambos se encontraron en dos oportunidades en el salón de té Villa Real, en Providencia, el lugar que Dougnac sugirió para concretar las conversaciones. Allí, entre pasteles y té, el abogado ambientalista propuso la suma de US$ 50 millones. Se despidieron sin firmar una conciliación.
El 21 de abril pasado Minera Los Pelambres realizó una junta de directorio extraordinaria. El tiempo seguía pasando y la sola idea de cerrar su yacimiento más grande volvió a prender las luces. Entre dimes y diretes, Jean Paul Luksic concluyó que era urgente encontrar una solución. A esas alturas si lograban ganar en la Corte Suprema, como suponían, debían además enfrentar otros seis juicios y el negocio corría peligro.
"Cuando Napoleón invadió Rusia, los rusos se replegaron esperando que llegara el invierno. La derrota de Napoleón allí fue precisamente por el invierno. Aquí la derrota fue por tiempo, pero eso es un mal cálculo de ellos. Lo de nosotros es una gran victoria, porque les ganamos a los mejores abogados de la plaza", dice Dougnac.
¿Quién es Dougnac?
Hoy todas las miradas se concentran en Fernando Dougnac, el ambientalista que logró doblarles la mano a los Luksic. El hecho ha sonado fuerte en el empresariado, pues se teme que el avenimiento marque un precedente para futuras inversiones. "Es necesario implementar medidas legislativas para evitar que, teniendo la autorización ambiental y los permisos otorgados, los vacíos legales puedan ser utilizados para paralizar obras en beneficio de algunas personas en particular", afirma Veloso, quien asegura que ya tienen una propuesta jurídica para modificar el sistema.
Hoy todas las miradas se concentran en Fernando Dougnac, el ambientalista que logró doblarles la mano a los Luksic. El hecho ha sonado fuerte en el empresariado, pues se teme que el avenimiento marque un precedente para futuras inversiones. "Es necesario implementar medidas legislativas para evitar que, teniendo la autorización ambiental y los permisos otorgados, los vacíos legales puedan ser utilizados para paralizar obras en beneficio de algunas personas en particular", afirma Veloso, quien asegura que ya tienen una propuesta jurídica para modificar el sistema.
Precisamente este sistema es el que le preocupa a Dougnac, porque según él, los empresarios son los que lo han defendido a rajatabla. "Cuando se cumplieron los 10 años de la Ley de Bases del Medio Ambiente, el gobierno de Lagos decidió hacer un sondeo para modificarla. En el consejo de la Conama fue la Sofofa la que se opuso rotundamente a que se tocara la ley. El gobierno ha desacreditado absolutamente la institucionalidad ambiental a través de sus intervenciones. Los organismos técnicos están interferidos por el gobierno, y el gobierno son los empresarios", remata el abogado, presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente.
Premio Nacional de Medio Ambiente -que otorga la Conama y que entre otros se ha ganado Adriana Hoffmann-, Dougnac es un conocido defensor de estas causas. Cercano a la centroderecha -su director ejecutivo es José Ignacio Pinochet, quien trabajó en la campaña presidencial de Sebastián Piñera (ver recuadro)-, dentro de sus batallas más emblemáticas está haberle doblado la mano al Consejo de Defensa del Estado, cuando logró proteger las aguas del lago Chungará, en 1985. También marcó precedente cuando presentó un recurso de protección para paralizar el proyecto Trillium, que pretendía levantar una iniciativa forestal en Tierra del Fuego.
Pese a sus triunfos, muchos en el mundo empresarial lo ven como un hombre que se escuda en el medio ambiente para sacar dividendos económicos. Aun así, el ambientalista tiene redes con varios de ellos. Asesoró a Pedro Ibáñez en la construcción del hotel Explora de San Pedro de Atacama y lo defendió en la batalla que el empresario sostuvo con Douglas Tompkins por la propiedad de las termas de Porcelana. El ambientalista estadounidense lo ha llamado en varias oportunidades y le pidió asesoría legal en su Parque Pumalín, cuando tuvo conflictos con una salmonera.
Abogado de la UC, fue profesor de Historia del Derecho de esa universidad hasta 1988. Ha impartido clases en la Universidad de Talca, en la Adolfo Ibáñez, en la Central, en la Arcis y en la Gabriela Mistral. Desde el año pasado realiza un diplomado de Medio Ambiente en la UC y dictará, el próximo año, un magíster en la Universidad del Desarrollo.
A mediados de los 70 trabajó en el Departamento de Historia y Geografía de la UC y se involucró en un proyecto para trabajar con los aimaras en el norte de Chile. Antes del regreso a la democracia creó un conglomerado político, que bautizó como Partido de la Tierra y la Identidad. Fue entonces cuando se presentó como senador por la I Región. Sus seguidores dicen que muchas de sus propuestas de reconocimiento de las minorías étnicas fueron consideradas para la Ley Indígena del gobierno de Patricio Aylwin.
¿Y qué pasará con la plata que pagarán los Luksic? Dougnac -quien afirma que nunca conversó directamente sus honorarios con los agricultores afectados- logró una importante suma por su trabajo: US$ 3 millones. Su representado, Víctor Ugarte, se quedó con US$ 15 millones; US$ 4,5 millones deberán repartirse entre las comunidades y US$ 500 mil quedaron en manos de cinco organizaciones comunitarias y cuatro personas individuales, entre ellas la mujer de Ugarte.
Fernando Dougnac: El ecologista de centroderecha
-Cercanos suyos aseguran que usted es de derecha, ¿es así?-De adolescente fui de derecha y por cierto antimarxista. Hoy no sé bien de qué bando soy, porque el país ha cambiado mucho. Diría que, en el mejor de los casos, me siento un hombre de centroderecha, definitivamente más ligado a RN que a la UDI.
-¿Por quién votó en la elección presidencial pasada?-Por Michelle Bachelet, porque nosotros firmamos con ella un estatuto de logros ambientales, entre ellos rechazar la opción nuclear. Como no lo cumplió, desahuciamos el acuerdo.
-En un escenario Lagos-Piñera ¿por quién votaría?-Por cualquiera, menos Lagos. Creo que él ha sido el peor presidente que hemos tenido desde el punto de vista ambiental. Nada de lo que Lagos propuso se cumplió. Al contrario, hizo una política absolutamente desarrollista a costa del medio ambiente. Es un chiste que a Lagos lo nombren Capitán Planeta y que esté a cargo del calentamiento global, cuando fue uno de los tipos que más incentivaron las emisiones en Chile. En ese escenario, votaría por Piñera.
-Muchas personas aseguran que los ambientalistas ocupan estas batallas para sacar dividendos propios y por ello buscan dar la pelea en lugares específicos, como la Patagonia.-Los ambientalistas, en general, somos pobres como ratas. Ahora, pensar de esa manera es absurdo. Es como decir que los ambientalistas han creado el problema de las represas en Aysén para sacarles plata a los gringos. De alguna manera se toman lugares emblemáticos para crear conciencia dentro de la ciudadanía de los problemas ambientales que hay. Pero la pelea se está dando en todas partes.
-¿Está a favor de HidroAysén si este proyecto se modifica o pretende que no se haga?-HidroAysén es un proyecto mal parido. Surge de una situación de emergencia, donde se trata a tontas y a locas la intervención de uno de los lugares más prístinos, sin tener muy claro las consecuencias reales. El estudio de imapcto ambiental requiere de un tiempo largo, no de tres o cuatro años. Cuando se hizo el proyecto Trillium, para limpiarse la imagen contrataron a un grupo de expertos ambientalistas. Durante seis meses estuvieron investigando y descubrieron que el 40% de las especies vegetales no estaban clasificadas. Esta situación es peor en HidroAysén. Mientras no se garantice que la decisión de autorizar el proyecto no será político-económica, me opongo firmemente a la iniciativa.
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